El jueves tuve mi antepenúltima guardia de urgencias como alumno interno de medicina interna. Como por la mañana no había casi pacientes en urgencias nos subimos a los paritorios y tuvimos la suerte de ver un parto; un parto de una niña guapísima que no fue nada complicado, pero sí precioso, como todos los partos que hasta ahora he visto.
Siempre que se produce el momento de la coronación, o sea, que se le ve la cabeza al niño que va a nacer, el que está presenciando el parto siente una gran emoción. Esa emoción crece y llega hasta el punto de la imposibilidad de contener las lágrimas cuando el niño emite sus primeros sonidos. Ese momento en que el tocólogo pone el niño sobre la madre parturienta y se empieza a establecer el vínculo inquebrantable entre madre e hijo... y el padre de fondo como un lelo observando la escena embriagado por la felicidad, es difícilmente olvidable.
Lo he repetido hasta la saciedad, todo el mundo debería presenciar un parto en directo. Es una experiencia que no se puede comparar con ninguna otra y que inevitablemente determina la postura del "presenciante" ante el problema del aborto. Lo que yo ahora voy a comentar va más allá de las consideraciones legales. A este respecto os remito a los artículos escritos hace unos días por Andrés y José Enrique Carrero-Blanco.
El deber del médico a este respecto debe ser en primer lugar el de ser un agente de educación sexual. El médico debe enseñar e informar a los pacientes de forma adecuada para evitar embarazos indeseados y otras consecuencias de la práctica irresponsable del sexo. El arma más eficaz para evitar el aborto es evitar la concepción, algo que no es tan complicado.
En segundo lugar y una vez que se ha producido la concepción, el médico debe informar a la mujer, y a su pareja si no se ha ido corriendo o es un sinvergüenza, de la situación en que se encuentra. Y esto no es una tontería. Hay mujeres que abortan porque en realidad tienen escasa información. Hay que explicarle a la mujer todo lo referente al embarazo y ofrecerle toda la ayuda posible (aquí es imprescindible la labor de los poderes públicos). Esto implica que ninguna mujer debería abortar por estigmas sociales o problemas de índole laboral o económica. Igual que el estado ayuda a los parados, debería ayudar a aquellas embarazadas que quieren seguir adelante con su gestación pero que tienen dificultades de diferente índole para ello. La intervención de los psicólogos en este punto sería imprescindible.
Y luego hay que evitar por parte del médico las valoraciones personales y explicarle a la mujer los supuestos legales del aborto. En este sentido el médico debe ser responsable y valorar si la mujer está dotada de la información, madurez y responsabilidad suficientes para tomar una complicada e irreversible decisión. Las mujeres que decidan abortar deben ser conscientes de lo que hacen, deben saber las consecuencias y actuar bajo su responsabilidad.
Abortar en España es muy fácil, en parte por la manga ancha de la judicatura y la endeblez de los supuestos legales. El estado debe garantizar la posibilidad de abortar a toda mujer que lo desee, aunque muchos estemos en desacuerdo con tal práctica. Con esto quiero decir que los poderes públicos deben legislar para todos, no sólo para los que estamos en contra del aborto. Sólo regularizando y legalizando en la práctica el aborto se acabarán los estigmas sociales y los mafiosos que se lucran con la práctica de abortos.
Hay que cumplir la legislación, y el cajón de sastre del supuesto peligro psicológico para la madre es una vergüenza. Creo que el estado debe garantizar la libertad de los ciudadanos. Debe garantizar la ayuda necesaria a las madres que no quieran abortar. Debe garantizar la posibilidad de abortar debidamente a las mujeres que libremente así lo decidan (medicas higiénicas, médicas... adecuadas). Debe invertir tiempo y dinero para evitar al máximo los embarazos no deseados. Y debe garantizar el derecho de objeción de conciencia para aquellos médicos que no quieran practicar el aborto. Sólo así el estado estará garantizando los derechos y libertades de los individuos.