Sobre las afiliaciones de niños a la Seguridad Social

Publicaba ayer LD una noticia que tiene un doble filo y a la que desde mi punto de vista se ha dado más importancia de la que tiene. No hay que perder de vista que la legislación básica al respecto de este asunto proviene de los años 50, con sucesivas modificaciones, y que el mecanismo utilizado por Trabajo y por el Instituto de la Seguridad Social no es nuevo.

El asunto es que desde la Administración se están emitiendo números de identificación de la seguridad social, más que de afiliación, a los chavales que "contratan" en sus centros escolares el seguro escolar (una prestación voluntaria que cuesta cerca de 2 euros y que permite a los niños beneficiarse de seguros de accidente, mutua de atención sanitaria...etc). Esto es absolutamente legal según la legislación vigente.

Lo que dice la ley a este respecto es que el Estado tiene el derecho de emitir estos números, incluso a niños menores de edad, siempre que sea con el consentimiento de los padres. Es decir, cuando los padres aceptan contratar el seguro escolar el Ministerio emite automáticamente estos números y se los adjudica a los chavales, algo que no se sale de la legalidad.

El problema surge cuando es evidente que cualquier persona con un número de identificación pasa a engrosar automáticamente las listas de población activa, cosa que se contrapone a otra premisa básica como es que los chavales de menos de 16 años no pueden trabajar. O sea, que hay niños de 14 años a los que se les adjudica un número de identificación (que será el de afiliación el día que trabajen) pasando a considerarse población activa, cuando aunque quisieran tienen prohibición expresa de trabajar.

Ahora bien. Esto mismo ocurre también con gran parte de los mayores de 16 años. Dadas las características de nuestra sociedad, una parte importante de los españoles no empieza a tener un trabajo remunerado más o menos continuado hasta pasados los 20 años, momento en que acaba su formación en módulos o universidad. Y es ese momento en el que "hace uso" de su número de identificación de la seguridad social como verdadero trabajador, aunque puede llevar años con dicho número, o sea, siendo considerado población potencialmente activa por la administración.

Este doble juego, legal sin duda, ocurre en muchos otros ámbitos de la legislación de trabajo. Ocurre por ejemplo a la hora de calcular las cifras de desempleo. Cuando salen las listas de desempleo no se incluyen de forma absoluta las personas que buscan un empleo. Se cifran las personas que están apuntadas a las listas del INEM. Por tanto se excluyen a todos aquellos que buscan trabajo por otras vías, como en las oficinas de trabajo temporal o en webs como Infojobs, Infoempleo o Tutrabajo, que dicho sea de paso, consiguen adjudicar más puestos de trabajo que las oficinas del INEM.

Pero más aún. Dentro de las listas del paro también se exluye a todas aquellas personas que realizan cursos de formación que únicamente van dirigidos a desempleados. O sea, que aquellos que se adhieren a estos mecanismos de formación (de hecho si eres trabajador no puedes adherirte a ellos) están excluídos de las listas de desempleo. Y no sólo ellos. Parte importante de lo que consideran población activa (y se supone que a más población activa es lógico que haya más paro) está exluído de las listas de desempleo, como pueden ser estudiantes, amas de casa o personas enfermas que no están incapacitados y que no cobran una baja por no haber sido trabajadores.

Al final lo que se trasluce de todo esto son las triquiñuelas que usan los diferentes gobiernos para mostrar las cifras de desempleo y población activa según les interese. Por no hablar de las cifras de afiliación a la seguridad social, que son mucho más importantes que las cifras absolutas o relativas de desempleo. Con la diferencia de que en 1994, como en 2008, lo que se hace en términos absolutos es destruir empleo o crear paro, mientras que en 2001 lo que se hacía era todo lo contrario. Es más. Cuando se quiso poner el camino definitivo al pleno empleo, los sindicatos hicieron una huelga general (2002).

Por desgracia la situación real es mucho peor de lo que parece, maquillen lo que maquillen y digan desde el Gobierno o la Oposición lo que digan. Las pequeñas y medianas empresas están cerrando día sí y día también, el pequeño comercio está afixiado, las grandes empresas no hacen más que despedir a parte de sus plantillas... y desde el Gobierno están más preocupados por ver de donde sacan el dinero para pagar las prestaciones por desempleo (que para marzo van a cobrar cuatro) que en invertir en políticas que fomenten la creación de empleo. Pero claro, lo primero importante para fomentar la creación de empleo es dar confianza al mercado y al sector empresarial (al empresario de a pie, no a Luis del Rivero o a Juan Abelló) y eso, precisamente, está muy lejos de la actuación de este Gobierno.