Una nueva mentira sobre las pensiones

No hace mucho tiempo escribí un post titulado "Sobre el sistema de pensiones"(10 de junio de 2007). Lo hice porque creo tener suficiente conocimiento de este tema para teorizar y exponer una serie de conceptos sobre este asunto.

Ayer, nuestro amado ZP, ha anunciado una subida de las pensiones que vamos, quédese pequeño el premio del gordo de la lotería de Navidad. Una nueva mentira. Vuelvo a remitirme a la frase de Aznar después de las elecciones del 96 que venía a reflejar su deseo de no volver a perder votos en las elecciones por causa de los pensionistas para ver que hablar de pensiones es una estrategia electoral. Algo que llevó a Aznar a hacer la única subida real de las pensiones de los últimos años: aumentar la base reguladora de las mismas.

Pero a mi no sólo me irrita profundamente que se juegue con las pensiones, el fondo de las pensiones, los pensionistas y nuestro futuro. Ya no es sólo que me de asco recordar la frase socialista de "si viene la derecha os quitará las pensiones". Sino que me da mucho más asco las pensiones, superiores a lo que marca la ley, que se "arreglan" nuestros desinteresados políticos.

Por eso, buscando en mi "articuloteca" he encontrado este artículo de la periodista Ana Luisa Rodríguez Pombo del 28 de noviembre de 2005 donde habla, con datos muy objetivos, de las pensiones de los políticos. Ríanse ustedes de las pensiones de 400 euros y su revalorización de 6 euros (con previo incremento del porcentaje de retención, claro está). Leedlo porque es muy ilustrativo y esclarecedor.

Presidentes, ex presidentes, consejeros y parlamentarios de distinto pelaje se han aprobado pensiones...

Parece que los políticos se empeñan en que a quienes pagamos puntualmente nuestros impuestos con la esperanza cobrar una pensión al jubilarnos, nos dé un subidón de tensión y de malas pulgas. Y es que mientras cualquier español normal tiene que trabajar como un negro para cobrar una pensión siempre indigna, y durante 35 años de su vida cotizando al máximo para alcanzar la pensión máxima que este año está en 2.159 euros al mes, los políticos, raza aparte por lo que se ve, se preparan sus jubilaciones con el mayor de los esmeros. Presidentes, ex presidentes, consejeros y parlamentarios de distinto pelaje se han aprobado pensiones sonrojantes y ahora les toca el turno a los altos cargos de la Generalidad de Cataluña. Según el Boletín Oficial del Parlamento, han admitido a trámite una ley que les solucione la papeleta de la jubilación a altos cargos como el Defensor del Pueblo de Cataluña, el Síndico de Cuentas, los miembros del Consejo Consultor de la Generalidad y hasta al Consejo Audiovisual porque según esa ley, quienes de ellos “hayan ejercido el cargo durante un mínimo de dos años, cuando lleguen a la edad de 65 años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 70 por ciento de la asignación que les corresponde por cargo”. Dicho en plata, cada uno de esos altos cargos, con solo haberlo sido dos años, cobrará más de 3.800 euros al mes, frente a los 2.159 que cobra un pensionista que haya trabajado y pagado el máximo durante 35. Pero, no contentos con eso, añaden una disposición transitoria retroactiva, por la que podrán acogerse a ese beneficio todos los que hayan ostentado esos cargos antes de la entrada en vigor de la ley. Lo mas triste de todo es que mientras unos se garantizan pensiones vitalicias por encima de las establecidas por ley para el resto de los mortales, otros nos venden como favores ayudas que no lo son tanto, como ocurre con la Comunidad Valenciana que según la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, permitirá que los inmigrantes residentes en Valencia opten a una renta de 350 euros mensuales en igualdad de condiciones que los españoles. Está muy bien que ayuden a la gente que menos tiene, entre ellos los inmigrantes, pero la Comunidad Valenciana debería recordar que según Cáritas tiene 950.160 personas por debajo del umbral de la pobreza; de ellas, 79.000 en pobreza extrema, 300.000 en pobreza severa, 430.000 en pobreza moderada y el resto en precariedad. Aún en el supuesto de que les paguen también esos 350 euros, seguirán dejándolos por debajo del umbral de la pobreza, establecido por el Plan Nacional de Inclusión en 493 euros. Alguien debería exigirles a nuestros gobernantes que antes de quitar el polvo a casa ajena se apliquen barriendo la suya, porque, hasta que se demuestre lo contrario, los pobres españoles en este caso nacidos en la Comunidad Valenciana son igual de pobres y pasan la misma hambre que los que vienen de fuera y al paso que vamos terminarán convertidos en pobres de tercera por aquello de que salen menos favorecidos en al foto y no son políticos con pensiones vitalicias que llevarse al bolsillo.